Cambia la Ley de RC en la circulación de vehículos a motor: Modifican el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor
La Ley 5/2025, de 24 de julio, representa un cambio profundo en el régimen de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor en España, actualizando el marco legal con el objetivo principal de reforzar la protección de las víctimas de accidentes de tráfico y adaptar la legislación a la Directiva (UE) 2021/2118.
Nuevos alcances del seguro obligatorio
Uno de los cambios más relevantes es la ampliación del seguro obligatorio de responsabilidad civil. La ley extiende la obligatoriedad a vehículos agrícolas e industriales, que previamente estaban exentos. Así, cualquier propietario de un vehículo de motor que tenga su estacionamiento habitual en España debe contratar y mantener un seguro que cubra la responsabilidad civil derivada de la circulación. Además, se añade un periodo transitorio de seis meses para que los nuevos obligados regularicen su situación.
De forma paralela, la norma introduce el seguro obligatorio para vehículos personales ligeros, como ciertos ciclos a motor y vehículos eléctricos menores que no se incluían antes bajo el concepto clásico de “vehículo a motor”, respondiendo a la nueva realidad de movilidad y a lo dispuesto en la directiva comunitaria.
Redefinición clave de conceptos
La modificación y clarificación de los conceptos de «vehículo a motor» y «hecho de la circulación» es fundamental. El nuevo articulado recoge la doctrina reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, concretando que la responsabilidad se extiende a cualquier uso del vehículo conforme a su función como medio de transporte, sin importar el lugar, si está parado o en movimiento. No obstante, excluye usos meramente industriales o agrícolas en los que el vehículo no actúa como medio de transporte.
Mejoras para la protección de las víctimas
La ley refuerza los derechos de quienes sufren daños en un accidente. Se reconoce que es “perjudicado” toda persona con derecho a indemnización por daños causados por un vehículo, otorgando mayor seguridad jurídica y garantizando indemnizaciones, incluso en situaciones antes excluidas por interpretaciones restrictivas.
Asimismo, el Consorcio de Compensación de Seguros amplía su cobertura para incluir supuestos de insolvencia de aseguradoras (tanto nacionales como extranjeras) y casos de accidentes provocados de forma deliberada o sin seguro. Esta protección beneficia especialmente a las víctimas que, por circunstancias ajenas, podrían quedar desamparadas económicamente.
Protección de datos y controles transfronterizos
Otro aspecto importante es la incorporación de un nuevo Título V en la Ley, dedicado a la protección de datos personales, incrementando la seguridad jurídica en el tratamiento de estos datos durante los siniestros y procesos de valoración.
Se regulan los controles de seguro para vehículos con estacionamiento habitual en otros Estados miembros de la UE que se encuentren temporalmente en España. Dichos controles no podrán ser discriminatorios y se implementarán de manera proporcionada y sin detención sistemática de vehículos.
Cambios en la gestión aseguradora
La Ley 5/2025 también revisa la Ley 20/2015 en cuanto a la ordenación y supervisión de entidades aseguradoras, elevando las exigencias sobre honorabilidad y aptitud de directivos y estableciendo planes preventivos de recuperación para garantizar la solvencia del sector.
Valoración y justificación
La aprobación de la Ley 5/2025 se justifica por la necesidad de adaptarse a las exigencias europeas, garantizar la igualdad de trato entre ciudadanos comunitarios, y responder a los nuevos retos derivados del cambio tecnológico y del aumento de modalidades de movilidad. La reforma mantiene la estructura básica del sistema pero introduce numerosas mejoras técnicas y de protección efectiva para los perjudicados.
En resumen, la Ley 5/2025 consolida un marco jurídico más robusto y adaptado para la circulación de vehículos a motor, colocando la protección de las víctimas y la eficiencia del sistema asegurador en el centro de la normativa española de tráfico y seguros.
